En el mes de julio, una mujer denunció haber sido violada debajo del Puente del Arzobispo, en el Río Mapocho, por dos jóvenes de 14 y 19 años. 

La denuncia por asalto y violación interpuesta por la supuesta víctima Gladys Flores (28), gatilló un rápido y certero operativo policial que condujo a la detención de los jóvenes sospechosos, quienes estuvieron 110 días en prisión preventiva en un Centro del SENAME y en Santiago Uno respectivamente.

La investigación privada de las madres adoptivas de los jóvenes, quienes creyeron en la inocencia de los muchachos y dedicaron sus esfuerzos a encontrar testigos, forzaron la confesión de la Sra. Flores, quien aceptó que la relación sexual mantenida fue con consentimiento y que dijo haber sido violada para no ser descubierta por su marido.

La mentira de la mujer fue aceptada como válida desde un principio, y no hubo recursos del ministerio público para defender la presunción de inocencia de los jóvenes. Estaban inculpados de antemano. Cargaban con el estigma de vivir en la calle, en situación de riesgo y pobreza: para la justicia eran violadores hasta que se demuestre lo contrario. 

El discurso de la seguridad, no nos puede hacer olvidar el legítimo derecho a un juicio justo, a la defensa y sobre todo, la presunción de inocencia. Aceptar que un jóven en situación de riesgo social es un delincuente es una manera horrenda de construir un muro cada vez mas grande entre la "sociedad" y todos los jóvenes, quienes son víctimas de la represión policial, del abuso de autoridad y de la sospecha permanente. 

Este lamentable episodio, debe hacer reflexionar a los mamoduros manoduros y terminar de una vez por todas con la estigmatización de los jóvenes, quienes si se encuentran en una plaza pública, son tratados como una "banda de delincuentes", tanto por las fuerzas de seguridad como por la gente en general.